Ante un juez con funciones de Control de Garantías, el fiscal 8º delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputará cargos a la ex subdirectora de Operaciones del DAS, Marta Inés Leal, quien ha sido mencionada en múltiples declaraciones por ser uno de los enlaces entre la Casa de Nariño y el organismo de Inteligencia.
Primero fue Pablo Escobar. Después, el cartel de Medellín. Y ahora la Oficina de Envigado mantiene una poderosa red criminal y de negocios que el Estado no ha podido derrotar. El problema ya no sólo es el brazo criminal, sino el gigantesco sistema económico que se ha construido alrededor del crimen.
Al final, 60 muchachos, la mayoría menores de 20 años, fueron capturados bajo sospecha de hacer parte de los grupos enfrentados. Pero ponto volvieron a las calles.
BANDAS CRIMINALESEn los primeros cinco meses de este año, entre cinco y diez estudiantes se retiraron diariamente de escuelas y colegios de Medellín por la guerra de las bandas. Los presionan, amenazan o asesinan simplemente por ser de otro sector.
Santos promete devolución de tierras a desplazados
El presidente, Juan Manuel Santos, prometió hoy que su Gobierno gestionará la devolución de las tierras que les fueron arrebatadas o usurpadas a los millones de desplazados por el conflicto armado interno.
“Toda la tierra de (campesinos) desplazados por la violencia, esté hoy en manos de quién esté, se devolverá a sus dueños originales”, dijo Santos en la ciudad de Popayán (600 km al suroeste de Bogotá), según el servicio de prensa de la Casa de Nariño (sede del Ejecutivo).
El mandatario añadió que el asunto de la tierra “es una política crucial de este gobierno”, que empezó el pasado 7 de agosto y afronta el desafío de poner fin a la violencia en Colombia, reducir la pobreza y enrutar al país por la senda de la ‘prosperidad democrática’, según ha dicho.
“Si solucionamos ese problema de las tierras, eso tiene unos efectos en materia de seguridad, medio ambiente, producción agrícola, y en materia de evitar zonas de confrontación y conflicto, y por eso le damos tanta importancia”, enfatizó Santos, de acuerdo con la Casa de Nariño.
El mandatario habló en Popayán, capital del departamento (provincia) de Cauca, uno de los más afectados por el problema de la distribución de la tierra y donde los campesinos, indígenas y afrocolombianos soportan el asedio de narcotraficantes, rebeldes izquierdistas, paramilitares de extrema derecha y terratenientes, según organismos privados.
Al menos 11 millones de hectáreas de tierras fértiles se hallan en manos de grupos violentos o mafiosos en Colombia, donde unos 4,9 millones de campesinos han abandonado sus casas o parcelas en los últimos 25 años huyendo de la violencia, de acuerdo con la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y otras entidades privadas.
Las declaraciones del único sobreviviente de la masacre de 72 inmigrantes en México dejan en evidencia la explotación a la que los indocumentados son sometidos por los carteles de la droga. Estudios señalan que en la frontera hay 1.600 secuestros por mez de que los 72 cuerpos de la masacre de Tamaulipas, en el sur de la frontera entre México y E.U., corresponden a indocumentados de países como Ecuador, Brasil, El Salvador y
Honduras, dejó al descubierto que los carteles de la droga se aprovechan de la vulnerabilidad de los ilegales para robarles y utilizarlos como sicarios en sus guerras.
Entre el escalofrío que generan las imágenes conocidas en todo el mundo y la tristeza de las familias de las víctimas y de los gobiernos que hoy buscan explicaciones, se abre el debate sobre lo expuestos que están, cada vez más, los centroamericanos y suramericanos que, de manera ilegal, quieren llegar a E.U., sobre todo, a través del sur de la frontera.
Según Maureen Meyer, coordinadora para México y América Central de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), “no es nuevo el tema de los secuestros a los indocumentados, lo que llama la atención es que tengan que encontrar 72 cadáveres para pensar en soluciones”. Según la investigadora, los testimonios de sobrevivientes que llegan a los refugios de la frontera indican que cada vez es mayor el crimen organizado y llaman la atención del Gobierno mexicano para establecer políticas de protección para estas personas.
Los testimonios del único sobreviviente, el ecuatoriano Luis Freddy Lala Pomavilla, quien logró llegar con un tiro en el cuello a un retén de carretera, advierten que el asesinato de los 58 hombres y
las 14 mujeres se dio porque no quisieron ser sicarios.
Según narró, el cartel de “Los Zetas”, quienes se identificaron desde un comienzo, les ofrecieron 1.000 dólares quincenales por ser sicarios y todos se negaron, lo que generó la masacre y la huida de Luis.
Además, tras las declaraciones de su esposa, María Angélica Lala, de 17 años y con seis meses de embarazo, que aseguró que el “coyote “le cobró 15.000 dólares por pasarlo a Estados Unidos, de los cuales aún debe 11.000, refleja el negocio redondo que se volvió la migración en este territorio, donde aparte de huirle a “la migra”, los ilegales deben cuidarse de los llamados “dueños del río”.
EL COLOMBIANO tuvo acceso a diferentes informes sobre la situación de los migrantes realizados por las organizaciones Belén Posada del Migrante, Humanidad Sin Fronteras y Fronteras con Justicia, donde llaman la atención las cifras de secuestros: “9.758 migrantes fueron secuestrados entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, es decir más de 1,600 al mes”, según el documento.
Esto, dice Meyer, significa que a pesar de la guerra declarada por el presidente Calderón con los carteles, “no se ha avanzado mucho”, lo que indica la necesidad de un cambio urgente de estrategia
y que esta población sigue estando en el olvido.
La confirmación del Gobierno mexicano de que unos siete carteles han secuestrado migrantes en lo que va del año, refleja lo desprotegida que está el área y el peligro que, día a día, enfrentan quienes,
aun en estas condiciones, buscan un mejor futuro en Estados Unidos.
